La mayoría de aquellas 7.000 personas que, de acuerdo con lo que informó el gobierno salvadoreño, habían sido puestas en libertad hasta agosto, no están totalmente libres: han salido con medidas sustitutivas a la detención provisional y su juicio continúa. Pedro y Luis, por ejemplo, tienen la obligación de presentarse a firmar cada cierto tiempo en el Centro Judicial Isidro Menéndez, en San Salvador. Ambos conviven con la angustia de ser detenidos otra vez.
Pedro -que asegura haber salido “psicológicamente destruido”- pasó quince días sin poder dormir y sin aventurarse a la calle porque la visión de un policía le infundía pánico y le devolvía el recuerdo de los maltratos de los custodios.
Luis, que solo buscaba mejorar su estatus económico, ahora carga con antecedentes penales graves.
Ha buscado un nuevo empleo y no ha tenido éxito. Eso sí, no se ha quedado sin nada: lo aceptaron de vuelta en la misma panadería en la que estaba antes. Pero le queda claro que su carrera laboral, por el momento, ha quedado manchada por el encarcelamiento.
Pedro no solo ha perdido su empleo de jardinero a destajo en Monterrey, sino que el régimen de excepción lo desterró de su sueño de seguir con su vida en México, un país del que extraña la comida -las quesadillas, los tacos al pastor- y en donde había encontrado refugio cuando otra violencia lo desplazó de El Salvador. Después de la detención, trató en vano de reclamar sus documentos mexicanos. Acudió a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el funcionario que lo atendió le dijo que demandar a un oficial de la policía era como demandar al gobierno. “Piénselo”, le dijo. Lo tomó casi como una advertencia. “Me siento desesperado porque han violado mis derechos migratorios”, reflexiona Pedro.
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